Las reacciones de rechazo a las nuevas leyes dadas por el ejecutivo, no se hicieron esperar, y casi la mayoría de efectivos policiales subalternos consideran que el decreto legislativo 1213 que les prohíbe trabajar en días de franco los perjudicará, mientras que a los de rango de oficial si estarían de acuerdo.
“Esta ley, que tiene como objetivo rescatar la exclusividad del trabajo policial y contribuir con leyes que fortalezcan la seguridad ciudadana para acabar con el crimen organizado, sería 'letra muerta' si no se aumentan los sueldos a los policías. En sus días de descanso ellos no solamente trabajan como vigilantes, sino también como taxistas y otros oficios”, sostuvo al respecto el abogado César Montoya.
SE OPONEN AL DECRETO
La mayoría de efectivos policiales se oponen abiertamente al Decreto 1213 y muchos coinciden en reclamar que se les homologue y aumenten los sueldos y no solo se les estimule con bonos, que finalmente, en otro gobierno de turno, podrían desaparecer y afectar seriamente el precario bolsillo de los agentes policiales.
Al respecto, el ex director de la PNP general (r) Luis Montoya Villanueva sostuvo que más importante que definir el régimen laboral es determinar la exclusividad del servicio.
Recomendó invertir en el capital humano, que no solo incluya un aumento de sueldo sino, también, ejecutar planes de bienestar para los efectivos y sus familiares.
SANCIONES
Como se conoce, entre las sanciones a los policías en actividad que brinden servicio de protección, seguridad privada o asesoramiento a favor de terceros, sin que exista convenio de por medio con la institución, serán sancionados con el pase al retiro, según el Decreto Legislativo Nº 1148. Asimismo, la sanción recae para quienes usen uniformes de la PNP o estén de civil.
Esta regla jurídica no es la eliminación del 24x24, sino la incompatibilidad de que los policías trabajen en seguridad privada y menos con uniforme. En buen cristiano, esto significa que policías no podrán trabajar como seguridad privada, pero podrán hacerlo en otros oficios, profesiones u ocupaciones (siempre que no incurran en otras incompatibilidades).
Evidentemente, hubiera sido más fácil actuar como en gobiernos anteriores y no mover un dedo para evitar el malestar policial.
Sin embargo, la debilidad del Ejecutivo nos muestra hoy un avance tibio, cuya puesta en marcha incluso podría demorar hasta sus postrimerías, puesto que hay un plazo de reglamentación de 6 meses y no se precisa con exactitud la fecha de inicio del cambio (la segunda disposición complementaria dice que regirá a partir del 2016). Es decir, el gobierno de Humala podría reglamentar la ley a fines de su mandato y dejarle al siguiente gobierno la implementación.
